En un mundo cada vez más interconectado, donde el ciberespacio se convierte en el escenario de numerosos delitos, Chile ha tomado medidas decisivas para salvaguardar la seguridad digital de sus ciudadanos, empresas y entidades gubernamentales. En una reciente sesión conjunta, expertos en ciberseguridad y representantes gubernamentales delinearon estrategias para combatir las crecientes amenazas.
Según Carolina Pizarro, Directora Asociada de Ciberseguridad de Accenture, el ciberespacio se ha convertido en un reflejo del mundo físico, donde los delitos digitales pueden tener un impacto global. Desde el hackeo de una impresora hasta ataques a gran escala, las repercusiones afectan a diversos sectores de la sociedad.
Una de las respuestas más significativas ante esta problemática es la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad, que establece un marco regulatorio integral para la prevención, reporte y resolución de incidentes cibernéticos. Además, esta ley da lugar a la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se erige como el organismo rector en la materia. Esta agencia no solo establecerá normativas técnicas, sino que también tendrá facultades de fiscalización y podrá imponer multas considerables a quienes incumplan con las disposiciones, con sanciones que pueden alcanzar hasta 40 mil UTM (Unidades Tributarias Mensuales), equivalente a cerca de 2 mil 600 millones de pesos chilenos.
La investigadora Daniela Olivares, del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, destaca que estas medidas son esenciales en un contexto donde la preocupación por la privacidad de los datos está en aumento. De acuerdo con el estudio de Statista, el 50% de los chilenos expresan inquietud por el mal uso que se pueda hacer de su información personal.
Chile, consciente de la importancia de la ciberseguridad en un mundo globalizado, ha escalado posiciones en la región en cuanto a ataques cibernéticos. Según datos del World Economic Forum, los problemas de desinformación y ciberseguridad se ubican entre las principales preocupaciones a nivel mundial, y Chile ha pasado del séptimo al cuarto lugar entre los países de América Latina con mayor incidencia de ciberataques durante el año 2023.
La implementación de esta legislación y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad representan un paso significativo hacia la protección de la infraestructura digital del país y el fortalecimiento de la confianza en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, queda por delante el desafío de mantenerse a la vanguardia en la prevención y respuesta ante las constantes evoluciones en el panorama de ciberamenazas.
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