Estefanía González sobre Dominga: “Este proyecto nunca ha estado relacionado con un proceso limpio”

Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que la familia del presidente Sebastián Piñera y la del empresario Carlos Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

En un reportaje elaborado por Ciper y LaBot se precisa que esta operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas. El último pago dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, lo cual dependía directamente del Gobierno.

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En conversación con Desafío Tierra, Estefanía González, coordinadora de Campañas de Greenpeace Chile, afirmó que estos nuevos antecedentes “cambian completamente el escenario ya turbulento que tenía el proyecto Dominga”. “Este proyecto nunca ha estado relacionado con un proceso limpio”.

La coordinadora sostuvo que el proceso de evaluación del proyecto Dominga “ha estado bastante manchado”. La nueva denuncia dejaría en evidencia “una red de influencias que ponen en el centro de la política pública los beneficios económicos de particulares en desmedro de la protección de la naturaleza”.

Desde diversos sectores se ha criticado duramente el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que tiene el país. Según González, este sistema “tiene un componente técnico, pero también uno político y, finalmente, muchas de estas decisiones quedan de la mano de decisiones políticas”.

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La experta sostuvo que la ciudadanía, comunidades, movimientos territoriales y organizaciones de la sociedad civil han presentado una gran cantidad de denuncias respecto a proyectos de este tipo. “Sin embargo, hemos visto que al perseverar con esas investigaciones el Estado se pone del lado de la industria”.

“Ha habido más de 100 (denuncias) en contra del proyecto Dominga, pero la decisión política sigue siendo permitirla y eso sucede con muchos otros proyectos con impactos ambientales. Lo que vemos acá es que el Estado está completamente cooptado por intereses que no son el bien común de la sociedad”, concluyó.