Chile ha formado lo que se denomina “capital humano avanzado” con fondos públicos para que sean un aporte al desarrollo sustentable del país. Este “capital humano avanzado” son profesionales con postgrado -magíster y doctorado- que conforman las principales fuentes de financiamiento para ejecutar proyectos de investigación con fondos públicos tales como Fondecyt (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) y Fondef (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico).
Cada año, cuando llega el momento de discutir el presupuesto del sector público, el panorama es que este presupuesto asignado, en el mejor de los casos, se estanca en el 0,37% del PIB, la cifra histórica de la inversión en investigación en Chile.
Este año, que pudo haber sido un punto de inflexión para la investigación y la generación de conocimiento con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, se convierte en otro periodo perdido donde se observa una situación absolutamente incongruente con la institucionalidad creada. Es más, a pesar de que la ley que crea este ministerio fue publicada en el diario oficial hace varios meses, sólo se escuchan candidatos para dirigir el ministerio, pero aún no se anuncia quien será la persona que asumirá esta cartera.
Hay que tener en consideración que esto no se trata de pedir más dinero para un grupo en específico, visión que tienen quienes no conocen el medio, y que es un número importante de la población chilena (incluidos la mayoría de quienes toman las decisiones y ostentan el poder en nuestro país). Sabemos y estamos concientes, quienes investigamos en salud, previsión social, migración, pueblos originarios, Sename o AFP, que no somos la única necesidad del país, pero debe quedar claro que Chile necesita generar una política pública de investigación para dar soluciones a estos problemas.
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Esta política pública de investigación debiese ser el mapa de ruta para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable, además de una forma de buscar soluciones a problemas locales donde sea un tema del Estado chileno. Esto independiente del gobierno de turno, ya que hablamos de una inversión a largo plazo donde se debe esperar más de un periodo presidencial para ver resultados.
Es verdad que hay cierta tecnología que podemos comprar afuera y aplicar en nuestro país, pero previo a un estudio que adapte esa tecnología a nuestra realidad. Se suele escuchar el argumento que es más caro invertir en investigación en el país, que comprar directamente “tecnología” en el extranjero. Pero si es tan simple la solución, ¿por qué no se aplica con los problemas de Quintero-Puchuncaví, con las aguas de Antofagasta, con las AFP, las jubilaciones o con el conflicto mapuche? Y en estos casos hay investigación chilena que puede aportar a una solución.
No todo se puede “comprar” afuera, hay investigación que debe hacerse en Chile, porque otros países desarrollados no van a hacerlo por nosotros, no les interesan los problemas locales, no tenemos como “comprarlo” afuera. De allí la importancia de establecer áreas estratégicas de desarrollo, que nos permitan generar especialistas donde los necesite el país, pero que abarquen todas las áreas del conocimiento. No alcanzaremos el desarrollo sostenible sin investigación, tecnología e innovación.
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Hace pocos días entregamos una carta al gobierno llamada “El lugar de la investigación en Chile” donde se recolectaron más de 3 mil firmas, incluidas 42 asociaciones relacionadas, 6 premios nacionales, 10 diputados y 4 senadores. En ésta, se hacía un llamado a generar una política pública que nazca con un diálogo abierto a la comunidad involucrada en investigación para lograr un proyecto país que transforme el modelo productivo, y nos movamos de uno principalmente extractivista a otro donde el centro sean los conocimientos generados localmente.
Por eso el llamado es a generar una política pública de investigación con medidas que apunten a su correcta ejecución, donde la implementación del ministerio es fundamental, así como el rol que puede tener quien acepte el desafío de asumir un ministerio con la inversión en investigación más baja entre los países de la OCDE.
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