200 mujeres embarazadas por la distribución de anticonceptivos defectuosos buscan la reparación del Estado

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Grupo de Trabajo Contra la Discriminación de las Mujeres y otras organizaciones, pidió al Estado chileno establecer medidas de reparación a las 200 mujeres que quedaron embarazadas tras consumir anticonceptivos defectuosos entregados en los sistemas públicos de salud en 2020.

Esta petición se realizó, luego de que la Corporación Miles Chile en alianza con Women’s Link Worldwide, le solicitaron a diferentes organismos internacionales de DD.HH que le exigieran a Chile tomar medidas para que estas situaciones no se repitan.

“Los tres mecanismos le solicitaron a Chile adelantar un estricto control para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en casos como este, derivado de una negligencia del Estado”, afirmó María Cecilia Ibáñez, abogada de la organización a EFE.

Asimismo, a través de tres instancias pidieron “acompañar las maternidades no planeadas” con ayudas económicas que les permitan a las mujeres retomar su vida y la crianza.

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El Caso

En julio del año 2020 y en plena pandemia, fue presentada la primera denuncia que alertó sobre la calidad de las pastillas anticonceptivas Anulette CD, que se entregan en los centros de salud pública, ante el Instituto de Salud Pública (ISP), máxima autoridad farmacológica del país.

El ISP emitió una Alerta Farmacéutica, denunciando que las pastillas tenían fallas en relación a los “envases con disposición errada de algunos comprimidos o falta de estos (placebo en ubicación de comprimido activo/comprimido con principio activo en la ubicación de placebo, falta de comprimidos con principio activo y/o placebo).

Más tarde se supo que existieron ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas defectuosas administrados por los sistemas de salud pública y el ISP ordenó su retirada del mercado. En Chile, funciona un  plan de control de natalidad que data de la década de los sesenta, cuando se estableció Programa de Planificación Familiar y Paternidad Responsable y miles de mujeres son beneficiarias de este servicio estatal.

ISP informa retiro Voluntario de Mercadohttps://t.co/y40A1mfdZT pic.twitter.com/cJpYUDvAAq

— Instituto de Salud Pública de Chile (@ispch) October 6, 2020

Muchas de las afectadas son de bajos ingresos y se tratarían de 200 mujeres que quedaron embarazadas producto del consumo de estos anticonceptivos por lo que Miles Chile comenzó un proceso de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que convocó a diversos actores públicos, sin embargo, el Estado se negó a aceptar las diferentes propuestas presentadas.

Sin embargo, se llegó a un acuerdo con los laboratorios responsables, lo que permitió otorgar ciertos beneficios económicos. Por su parte, el ISP interpuso una multa de 66 millones de pesos a dos laboratorios.

La demanda contra el Estado

“Desde Corporación Miles decidimos dar por frustrada la mediación y preparar una demanda particular contra el Estado de Chile, para que los tribunales de justicia le obliguen a tomar las medidas de reparación y no repetición que las mujeres requieren como una garantía el que sus derechos sexuales y reproductivos no se verán afectados en el futuro”, señaló la organización a El Mostrador.

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