En una reunión que se extendió hasta la madrugada, el Consejo y el Parlamento Europeo logró cerrar un histórico acuerdo provisional sobre una nueva ley que logre frenar la deforestación mundial.
La normativa, una vez entre en vigor, se asegurará de que las empresas que quieran vender en el mercado europeo una serie productos y sus derivados no hayan contribuido a la deforestación o degradación forestal en ningún lugar del mundo desde el 31 de diciembre de 2020, según señala El País.
Los productos incluidos en esta nueva regulación son: el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho, el ganado, la madera y la soja, así como sus derivados, carne de vacuno, productos de cuero o de papel impreso, muebles, cosméticos o chocolate.
¡Buenas noticias!
👉La #UE🇪🇺 vuelve a liderar la lucha por el planeta con la 1ª ley en el mundo que prohíbe los productos clave que contribuyen a la deforestación (aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados)https://t.co/3eROc2ALMC— César Luena / ❤️🇪🇺 (@cesarluena) December 6, 2022
Una etiqueta e información geográfica precisa
Además, no necesitará transposición a las leyes nacionales, por lo que su adaptación será más rápida. Las empresas que exploten estos productos y los quieran comercializar deberán hacerlo con una etiqueta que verifique que dichos bienes han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación y deberán recoger “información geográfica precisa” sobre el terreno donde crecieron dichos productos.
Bélgica se muestra confiada en que el impacto será global, puesto que el bloque europeo es uno de los mayores consumidores y la Unión Europea es responsable de alrededor del 10 % de deforestación mundial.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) estima que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido por la deforestación entre 1990 y 2020.
Una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la regulación, esta entrará en vigor, pero operadores y comerciantes dispondrán de 18 meses de tiempo para implementar las normas. Las pequeñas y medianas empresas gozarán de un periodo de adaptación mayor.
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