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El 8 de abril la Secretaría Ministerial de Salud de Valparaíso firmó la resolución 456, que establecía que a contar de esa fecha el volumen diario de agua para consumo por persona, no podía ser inferior a 100 litros. Esto como parte de las facultades del organismo para decretar medidas durante el Estado de Catástrofe.
Con esta acción, se buscaba mantener los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud y se aplicaría a las provincias de Petorca, Quillota, Marga Marga, Los Andes, San Felipe, Valparaíso y San Antonio como medida de frenar la pandemia del COVID-19.
Ocho días después una nueva Resolución (458), firmada por el Seremi de Salud de la zona, dejó sin efecto la 456.
Las comunidades y organizaciones afirman que ni antes, ni después de firmadas estas resoluciones han recibido información o explicaciones por parte de la autoridad. Incluso mencionan que los decretos se filtraron y por eso conocieron las medidas.
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Sin explicaciones
El 30 de marzo Greenpeace lanzó una campaña en la que pedían al Estado asegurar el suministro de agua a 350.000 chilenos que dependen de los sistemas de agua rural y tienen acceso limitado a agua potable.
“Un jabón en las manos no sirve de nada si es que no se tiene agua suficiente para lavarse”, declaraba en ese momento el director nacional de Greenpeace, Matías Asun.
Ahora ven con sorpresa esta nueva resolución. “Lo que acaba de ocurrir es inexplicable. La autoridad tiene la facultad de revocar sus propios actos, pero esa revocación tiene que seguir ciertos principios. Un principio básico es que, si yo revoco, tengo que explicar por qué revoco y en este caso no es explica”, detalla a Desafío Tierra la abogada de la organización, Josefina Correa.
Agrega que, a juicio de Greenpeace, la primera resolución era débil e incompleta, porque no especificaba un plan de acción, “simplemente se mandataba para que se distribuyera el agua”, agrega la abogada.
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Se suma a estos cuestionamientos el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
“El aumento de la dotación (de agua) podía en cierta medida mitigar este efecto (sobre el COVID-19) o mitigar la posibilidad de higienizarse de mediana forma”, señala a Desafío Tierra el Secretario General de Modatima, Rodrigo Mundaca.
Pero sostienen la crítica a la medida desde su inicio. “(La resolución) también profundizaba el mercado, profundiza el negocio de los vendedores de agua. Se naturaliza la solución de agua dulce en el país mediante la vía de los camiones aljibes”, sostiene Mundaca.
“Efectivamente es así. El plan de emergencia probablemente no se va a poder solucionar de otra manera, en este contexto y con la rapidez que se necesita. Nosotros creemos que el problema estructural es la gobernanza del agua. Tal como plantea Rodrigo, aquí hay un negocio de derechos y aprovechamientos de agua agrícola”, manifiesta la abogada de Greenpeace.
Aumento en los litros a repartir
Conocido este hecho, y durante el balance sobre COVID-19 que entrega diariamente el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, respondió que esto se daba en marco de una reevaluación respecto al compromiso de tener la cantidad de agua suficiente para cada persona según los estándares de la OMS.
Consultado sobre la cantidad de agua potable mínima que las personas necesitan para mantener la higiene, la autoridad se limitó a señalar que están “asegurando la distribución de agua (…). Se están haciendo los esfuerzos para que aquellos lugares que no puedan sostener con 50 litros las medidas de higiene, se están enviando más camiones aljibes”.
Desde Modatima señalaron que a Petorca, una de las zonas más afectadas por la falta de agua potable, no han llegado más que los 50 litros por personas que están establecido en una resolución entregada en enero de este año como medida frente a la escasez hídrica que afecta a la zona.
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“Esta es una acción irresponsable. Es una acción que tiene consecuencias que podrían ir o están cerca de una acción penal, de delito, porque están dejando sin agua e impidiendo que se cumpla una de las medidas más importantes de la lucha contra el coronavirus”, señaló el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente.
Además, agregó que esta decisión “se debe fundamentalmente a razones económicas. Esto no es responsabilidad del Seremi, este fue obligado a anular la resolución, porque no hubo disposición a entregar el financiamiento para poder garantizar esta agua”.
Mientras que el senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, señaló no tener información sobre la anulación de la resolución y que acudirá a la Contraloría para conocer los argumentos y se fiscalice la acción.
Dada este nuevo contexto, desde Greenpeace y Defensoría Ambiental aseguraron que presentarán un recurso de protección a favor de las familias que se han visto afectadas.
Fiscalización a la calidad de agua
El Decreto 41 del Ministerio de Salud regula las condiciones sanitarias para la entrega de agua potable a través de camiones aljibes.
Este, en su artículo 15, especifica que mientras se mantenga una emergencia sanitaria, no se requerirá cumplir con lo establecido en el artículo 2 del reglamento, que regula la calidad de agua. Sin embargo, especifica que se deben mantener los límites especificados del cloro libre residual (entre 0,5 y 2,0 mg/L) con un registro de la entrega del elemento a disposición de la autoridad sanitaria para su fiscalización.
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“Desde el inicio de la emergencia sanitaria, no ha habido fiscalización para la calidad del agua por parte de la autoridad”, señala Rodrigo Mundaca.
CNN Chile, intentó comunicarse a través de varias vías con el Seremi de Salud para abordar esta denuncia y las acciones que se tomarán para asegurar el agua a estas comunidades, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta publicación.
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