Chile se encuentra ad portas de uno de los procesos democráticos más importantes del último tiempo: la redacción de una nueva Constitución. Al respecto, diversas voces han planteado la necesidad de incorporar la protección del medio ambiente y los recursos naturales como uno de sus ejes centrales.
Una reciente encuesta realizada por Greenpeace reveló que un 89% de las personas consultadas cree que proteger el acceso al agua debe ser prioridad en la futura Carta Magna. “Constitucionalizar la categoría de las aguas como bienes nacionales de uso público (…) sería muy importante”, manifestó Marisol Peña.
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En conversación con Desafío Tierra, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica señaló que no es la primera vez que la Constitución “recoge principios esenciales que hasta ahora solo estaban a nivel legal y los eleva a rango constitucional”.
“Hoy existe en la Constitución vigente un deber que le impone al Estado contribuir al resguardo y la conservación de la naturaleza. El agua es evidentemente un recurso escaso que forma parte del concepto amplio de naturaleza”, sostuvo la abogada constitucionalista.
Peña recalcó que, en base a la actual regulación constitucional, las autoridades deberían fiscalizar el uso indiscriminado de las aguas, siendo uno de sus parámetros esenciales el “equilibrio entre el desarrollo económico de nuevas industrias (…) y la preservación del derecho básico de acceso al agua”.
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“La elevación a rango constitucional de la característica jurídica de las aguas como bienes nacionales de uso público, sería muy congruente con una política pública que, desde la Constitución, fuera mucho más apuntada a la protección y al acceso uniforme del consumo del agua”, dijo.
Finalmente, la especialista detalló que le preocupa mucho “el nivel de expectativas que ha despertado esta nueva Constitución”. “El mayor desafío en ese sentido para la convención va a ser delimitar claramente lo que es constitucional, de lo que es objeto de una regulación legislativa”, concluyó.
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