Con el número de represas en Chile alcanzando las 137 -y contando-, un grupo de pueblos originarios, ciudadanos y activistas, afirman que llegó el momento de concederle derechos legales (tal y como a una personas), a los ríos del país.
Esta campaña no está ocurriendo de forma aislada, de hecho, está siendo inspirada por otros países, donde un pequeño -pero creciente- número de cortes y legislaturas están optando por entregarle representatividad legal a estos flujos naturales de agua dulce.
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Nueva Zelanda, Colombia e India ya han estado actuando al respecto durante los dos últimos años, sin embargo las ramificaciones prácticas de estas declaraciones siguen siendo poco claras.
Según Jens Benöhr y Patrick J. Lynch, miembros de Red por los Ríos Libres, esto se debe a que la visión occidental sobre los ríos (y la naturaleza en general), ha fallado. Los Estados y sistemas legales de esta parte del mundo ven y protegen al agua como una propiedad, lo cual puede llevar al mal uso y la contaminación de este importante recurso.
“Una crítica constante por parte los grupos ambientalistas hacia naciones tales como Chile o Estados Unidos, es que protegen a las empresas con los mismos derechos que a las personas, mientras que a los ecosistemas vivientes que nos mantienen con vida no“, apuntan Benöhr y Lynch para Yale Enviroment 360.
El código del agua en Chile se estableció durante la dictadura de Pinochet, y sigue tratando al agua como un recurso renovable, en lugar de uno que se agota a un ritmo alarmante. Bajo dicho establecimiento de leyes, las compañías pueden vender este líquido al mejor postor.
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Esto se transforma en un asunto de suma importancia, sobretodo considerando que el Río Bío-Bío, uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante para la cultura mapuche está siendo retenido por numerosas represas, inundando todo lo que está a su alrededor.
¿Qué cambios reales se pueden realizar?
Una solución puede ser llevar la lógica de “las corporaciones son personas” a estas importantes corrientes de agua. Durante los dos últimos años a lo largo del mundo han surgido numerosas propuestas legislativas que proponen tratar a los ríos como personas.
El 2017 el estado de Nueva Zelanda le entregó el estado de legal de persona al río Whaganui, el tercero más largo del país, y según creen los Maorí, un antepasado sagrado. Para llevar esto a cabo, el parlamento neozelandés mezcló su legislación occidental con las creencias de los pueblos originarios, para así combatir a las empresas que buscaban instaurar represas en dicho río.
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Situaciones similares, que sincretizan creencias ancestrales con medidas de protección medioambientales sucedieron en Colombia con el Río Atrato en la región de Chocó, o en India, con el Río Ganges.
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