Una grave acusación realizó un grupo parlamentarios y representantes del mundo académico y científico al denunciar irregularidades en el proceso de licitación para energías renovables a cargo de la Corfo (Corporación de Fomento de la Producción).
Diversos medios de transporte, tales como los trenes, podrían ser usados en nuestro país. Estos no contaminan ya que funcionan gracias al hidrógeno verde y Chile podría ser su principal proveedor.
“Lo han señalado todos los premios Nobel que han venido al Congreso del Futuro, quienes señalan que por sí solo (Chile) le podría dar energía a todo el planeta y toda la humanidad“, reconoció Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro.
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En el sol del norte y en los fuertes vientos del sur está este potencial, pero justo cuando se busca dar el primer paso con la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias en la región de Antofagasta, ya se registró la primera controversia.
Girardi manifestó que el proceso “no ha sido suficientemente transparente ni claro y al mismo tiempo nosotros tenemos cuestionamientos porque la bases no estuvieron en Contraloría“.
Referencial Pixabay
La acusación hace referencia a un fondo por US$ 193 millones a cargo de la Corfo, el que tras un cuestionado proceso de licitación, fue adjudicado al consorcio de Universidades Estadounidenses AUI, en conjunto con las universidades San Sebastián y del Desarrollo.
“Queremos que nos entreguen información sobre cuáles fueron las evaluaciones internacionales y nacionales que significaron que este proyecto no haya sido adjudicado a las principales universidades del país“, manifestó Ignacio Sánchez, Rector de la Universidad Católica (UC).
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile (UCh), Ennio Vivaldi, sostuvo que “en esto, además de un tema tan central como el futuro de la economía chilena, creo que hay un tema contingente que es el prestigio que tiene la política“.
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Parlamentarios y postulantes al concurso denuncian irregularidades en el proceso efectuado entre el 24 de diciembre y el lunes 4 de enero. Aseguran que, pese a la existencia de un regulador internacional, un consejo local integrado por subrogantes de variados ministerios habría tomado la controvertida decisión.
A pesar de que desde la Corfo se defienden, los denunciantes solicitaron una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, además de declarar ilegal el proceso por vicios en su tramitación.
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