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Chile es un estrecho pedazo de tierra, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Cuenta con más de 4 mil kilómetros de costa pareja y costa desmembrada desde su frontera con Perú hasta Cabo de Hornos. Su territorio vecino al mar, ha sufrido transformaciones profundas derivadas del proceso de antropización: principalmente un deterioro de ecosistemas marino-costeros.
La situación se torna compleja cuando, además, no existe una legislación que proteja estas zonas y potencie su conservación. Las costas contienen gran parte de los servicios ecosistémicos y “son vitales para el desarrollo económico sostenible y constituyen elementos estratégicos a gestionar para conducir los procesos adaptativos que la costa requiere frente al cambio climático”.
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Diversos expertos han alzado la voz para apoyar la creación de una Ley de Costas, capaz de articular instrumentos de planificación territorial que “promuevan su conservación y transformación sostenible, para así asegurar la permanencia de este espacio a las futuras generaciones”. El Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), ha planteado en un informe, “la necesidad de relevar el concepto de zona costera; establecer una metodología de zonificación; y, por último, articular la zonificación costera de manera efectiva con los Instrumentos de Planificación Territorial, especialmente a nivel local”.
La inundación en Los Molles
El director de CIGIDEN e investigador principal de la Línea 2 “Amenazas por procesos de aguas superficiales”, Rodrigo Cienfuegos, afirma a Desafío Tierra que la legislación tiene que ser actualizada de manera urgente: “Estamos permitiendo legalmente construir riesgos que podrían ser evitados y además estamos destruyendo hábitats que son los que dan origen al desarrollo de interés turísticos, de interés ambiental y nos brindan además protección frente a inundaciones”.
El también Ingeniero Civil Hidráulico y Doctor en Ciencias de la Tierra, puntualiza que lo observado en Los Molles no es algo aislado. “Es algo que se ha venido autorizando en las últimas décadas y que está transformándose en un real problema para la sustentabilidad de nuestro desarrollo y para la vida de las personas incluso”.
Por su parte, la académica del Instituto de Geografía de la Universidad Católica e investigadora de CIGIDEN, Carolina Martínez, explica que, en distintas áreas de la costa chilena, los ecosistemas son sometidos a mucha presión por extractivismo o por crecimiento urbano. También comenta que una buena parte se debe a que los instrumentos de planificación territorial, ya sea “porque son muy antiguos, porque están desactualizados o porque no incorporan esta condición de fragilidad de los ecosistemas a los usos de suelo, presentan este tipo de disfuncionalidades que terminan, en general, provocando bastantes desastres y un costo social importante”
Martínez añade que la legislación necesita estar a la altura de los desafíos que tienen las costas del siglo XXI, considerando el cambio climático. “Hemos visto que una buena parte de nuestras playas están desapareciendo por las incidencias de las marejadas, pero también otros componentes como el aumento del nivel del mar”.
La legislación de borde costero
La actual Política Nacional de Uso del Borde Costero-PNUBC data de 1994. Los expertos han expresado la necesidad de actualizarla y especialmente revisar el concepto de “borde costero”. Esto, porque luego de 26 años, se deben tener en cuenta nuevos elementos y desafíos relacionados a la gobernanza frente al cambio climático. Actualmente la normativa se fundamenta en un conjunto de normas distintas y su marco jurídico-administrativo se basa en los siguientes decretos:
- DFL N.º340 de 1960 referido a las Concesiones Marítimas y que otorga al Ministerio de Defensa Nacional las siguientes atribuciones: Control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de Chile; Facultad privativa de conceder el uso de la playa, terrenos de playa, fondo de mar, porciones de agua y rocas, para uso privado.
- Decreto Ley N.º1939 de 1997 referido a la administración del Borde Costero.
- Decreto Supremo N.º475 de 1994 en donde se aprueba la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República y crea la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero.
El Humedal Estuario Los Molles
En nuestro país existen más de 40 mil humedales, que cubren una superficie aproximada de 4,5 millones de hectáreas. Lo que se traduce en un 5,9% del territorio nacional. Estos ecosistemas son el hogar permanente y de paso, de muchas especies de flora y fauna. Además, entregan una serie de beneficios fundamentales para la vida en la Tierra.
La profesora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Carolina Rojas, cuenta a Desafío Tierra que los humedales son espacios de transición entre el mar y el espacio terrestre. Sobre el caso del Humedal Los Molles, asegura que “como es un humedal costero ejerce bastantes servicios ecosistémicos que tienen que ver con la protección de la cosa”. Esto, ya que son fundamentales frente a eventos extremos como un tsunami, o incluso, algunos más frecuentes como las marejadas y precipitaciones.
Sobre construir sobre un humedal, la también investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), expresa que “estas generando una pérdida de los servicios ecosistémicos, como esta pérdida de la protección costera y además estás haciendo impermeable el suelo”. Puntualiza que lo que antes era permeable -esta capacidad de esponja que tienen los humedales de absorber el agua- ahora pierde esa capacidad y el agua simplemente escurre. “Entonces, eso satura completamente el suelo y además todo tipo de construcción sobre un humedal va a generar un problema enorme de humedad en las viviendas y también de filtración de agua”.
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En enero de 2020, entró en vigencia la Ley de Humedales Urbanos. Luego de dos años de tramitación, la Cámara de Diputados, despachó esta normativa que integra por primera vez, la legislación de los humedales que se encuentran dentro y alrededor de las ciudades. Si esta ley hubiese estado vigente, cuando se pidió el permiso de edificación del complejo habitacional en Los Molles, Rojas declara que efectivamente habría tenido un impacto, ya que “en su artículo cuatro dice que todos los instrumentos de planificación territorial deben declarar a los humedales como áreas de valor natural ecológico”.
Sin embargo, este humedal donde se emplazó la construcción de la Inmobiliaria Ciudad Nueva, se encontraba en el Plan Intercomunal de Valparaíso que fue modificado hace dos años atrás y “fue actualizado a favor de las construcciones. Antes en este instrumento, esta zona era de protección ecológica y ahora pasó a ser zona de expansión urbana en desmedro del ecosistema”, concluye la investigadora.
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