El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial un decreto que extiende el plazo de implementación de la Ley 21.368, la cual regula el uso de plásticos en restaurantes, cafeterías y fuentes de soda, de tres a cuatro años y medio.
La medida responde a la demora del Ministerio del Medio Ambiente en la creación del reglamento necesario para aplicar la ley, que originalmente debía estar listo en febrero de 2023.
La ley, en vigor desde febrero de 2022, prohíbe la entrega de ciertos productos plásticos desechables en establecimientos de comida, y para agosto de 2024 debería haber prohibido completamente el uso de productos no reutilizables en estos locales.
Sin embargo, según reportó La Tercera, la resistencia de la industria alimentaria, que desplegó un fuerte lobby en el Congreso, y la falta de un reglamento claro han llevado a esta postergación.
El senador Sergio Gahona (UDI), junto a otros parlamentarios, impulsó un proyecto para ajustar los plazos debido a la ausencia del reglamento, argumentando la necesidad de certeza jurídica para los afectados.
No obstante, la decisión ha generado críticas. Cristóbal Correa, de la ONG Oceana, expresó su preocupación por la influencia del lobby empresarial y la persistente contaminación por plásticos en Chile.
A pesar de las críticas, el gobierno ha optado por dar más tiempo para la elaboración del reglamento, dejando en suspenso la implementación total de la ley.
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