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El 15 de enero se vertieron cerca de 11.900 barriles de petróleo en las costas peruanas. Producto de ello, la empresa española Repsol enfrenta acciones legales por parte del gobierno de Perú.

Hace una semana, el ministro de Medio Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, dijo que su cartera estima que 11.900 barriles se vertieron en las aguas cercanas a la comuna de Ventanilla en El Callao el 15 de enero, provocando que el alcance del daño crezca mucho más de las expectativas iniciales, dado que la compañía inicialmente solo reportó una pequeña fuga de unos siete galones.

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Ahora, el Gobierno señaló que suspenderá todas las operaciones en la refinería española Repsol. Un fiscal estatal dio comienzo a las investigaciones contra la empresa, con el fin de indagar si la compañía hacía el mantenimiento necesario al sistema de tubería y tubos. También se emitió una orden legal que prohíbe la salida del país de cuatro altos funcionarios de Repsol.

Repsol calificó la medida como “desproporcionada e irrazonable”, destacando que el derrame del 15 de enero fue provocado por las fuertes marejadas inducidas por la erupción del volcán de Tonga. La empresa señala que esto dañó las tuberías y mangueras que usan los petroleros para bombear crudo hasta su refinería. Además, acusan que el gobierno peruano no emitió una advertencia de tsunami en la zona, lo que ayudó en el desastre.

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“Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico”, dijo una vocera de la Repsol a la televisión peruana en los días posteriores al derrame.

Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Castillo, señaló que “el gobierno asume el rol de sancionar a los responsables”. “Vamos a limpiar el mar, y vamos a condenar y sancionar a la empresa que viene a contaminar nuestro mar”.

Este lunes, el secretario general presidencial, Carlos Ernesto Jaico, se reunió con representantes de Repsol en la Embajada de España en Perú, destacando que esta reunión “tuvo como único fin escuchar las quejas y exigencias de la administración peruana, con vistas a discernir mejor los mecanismos que permitan canalizar el pago de las indemnizaciones que pudiera corresponder a los afectados”.

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