“Es inconveniente para Chile“. Según consigna La Tercera, esa fue la frase utilizada por el canciller Andrés Allamand en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la que ratificó y selló casi de manera definitiva la negativa del Gobierno de firmar el Acuerdo de Escazú.
Frase potente que tiene varias implicancias en lo que se refiere al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Esto, porque el plazo que tienen los Estados para estampar la firma en el documento vence el próximo 26 de septiembre.
Si bien la administración del Presidente Sebastián Piñera ya había anticipado su rechazo en 2018 -argumentado eventuales problemas de soberanía en futuros conflictos territoriales-, aún había cierta expectación sobre la conclusión final. Principalmente, porque Chile lidero e impulsó desde el inicio las tratativas del pacto, en conjunto con Costa Rica.
“Una decisión de esta naturaleza debe requerir la mejor comprensión de todos los sectores que tienen interés en la materia. No quiero que haya ningún margen para una mala interpretación”, planteó el ministro de Relaciones Exteriores esta vez.
Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. Agencia UNO
Escazú es el primer tratado multilateral de la región sobre asuntos ambientales. En concreto, busca brindar sustento a los Derechos Humanos en general y a los derechos ambientales en particular. Por otro lado, reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente.
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A pocos días de la fecha límite para estampar la rubrica, 22 países de la región han firmado el pacto. Incluso, nueve de ellos ya han terminado su ratificación. Este punto es relevante, pues el tratado entrará en vigencia 90 días después de que se depositen al menos 11 ratificaciones ante las Naciones Unidas.
Cabe destacar que, una vez vencido el plazo del 26 de septiembre, los países que así lo deseen pueden incorporarse de manera posterior, pero en calidad de “adherentes”. Una condición que, según explican los entendidos, tiene una connotación político-simbólica menor a la de un “firmante”.
“Desde afuera no se entiende”
La decisión del Ejecutivo desencadenó rápidas y fuertes críticas. “No tan solo nos deja en vergüenza internacional, sino que también demuestra el poco compromiso que tiene el Gobierno con la protección de los Derechos Humanos y ambientales de sus ciudadanos”, aseguró Sebastián Benfeld, Champión de Escazú para América Latina y el Caribe.
“¿Para quién no es conveniente? ¿Para el país o para las empresas contaminantes que hoy reciben menos fiscalización que una fonda en Fiestas Patrias? (…) Claro que es útil elevar nuestros estándares ambientales a la normativa internacional“, agrega en diálogo con Desafío Tierra.
Benfeld también es drástico para asegurar que “la no firma del acuerdo terminará por desmoronar la imagen internacional que queríamos proyectar al mundo. La firma del acuerdo es la oportunidad que tiene el Gobierno de demostrar que algo pueden hacer bien en materia de DD.HH. y Medioambiente”.
Una de las situaciones que genera “ruido” entre quienes han seguido el trámite del tratado, es la contradicción entre el esfuerzo inicial de Chile en las negociaciones y el rechazo a la firma. Para Constance Nalegach, ex jefa de la oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, esta situación es “decepcionante“.
Nalegach, co-presidenta y negociadora para el convenio hasta el año 2017, explica a Desafío Tierra que Chile no sólo impulsó el proceso, “si no que también propuso la declaración que le dio inicio“. Asimismo, obtuvo la presidencia de la etapa preparatoria y lideró junto a Costa Rica todo el proceso de debate.
“Lo que esperaban los países era que siguiera liderando. En ningún caso se esperaba que Chile fuese un país que no hubiese firmado este acuerdo que tanto lideró y promovió con ambición“, nos manifiesta la consultora senior en Relaciones Internacionales.
“Desde afuera no se entiende. Acá hay una inconsistencia que debiese remediarse prontamente. Es difícil pedirle a un país que siga liderando cuando vez que lo que lideró en algún momento al otro día estuvo dispuesto a desecharlo”, opina Nalegach.
Molestia en organizaciones y partidos de oposición
Por su parte, la negativa del Ejecutivo ante el Acuerdo de Escazú también encontró reparos entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área ambiental.
“Es una contradicción enorme para un Gobierno que iba a ser sede de la COP25 y que hoy sigue presidiendo la instancia internacional más importante en materia medioambiental del planeta. Con este anuncio no hace más que confirmar que estos temas nunca han sido su prioridad“, cree Matías Asun, director de Greenpeace.
Similar es la opinión de Isabel Villanueva, representante de la Cumbre Social por la Acción Climática: “El argumento es pobre, sin respaldo, porque el Gobierno a sostenido esta negativa durante meses, pero no ha presentado ningún estudio que avale la decisión, que demuestre por qué no es conveniente“.
“Afecta también la necesaria legitimidad social con la que deben contar tanto las políticas publicas como su implementación. Ello representa un aumento del riesgo de los conflictos socioambientales, que son crecientes en el país”, nos comenta por su parte Andrés Gutiérrez, director ejecutivo de Fundación Newenko.
Asimismo, el tratado internacional podría abrir una nueva pugna entre el Ejecutivo y la oposición, vereda desde donde, antes de conocer las declaraciones del canciller Allamand, ya habían llamado a firmar el documento en una declaración conjunta.
“El gobierno no ha entregado ninguna razón plausible para restarse (…) Es vergonzosa la estrategia con que el gobierno evita la firma del Acuerdo de Escazú, eludiendo su responsabilidad y el cumplimiento de acuerdos, tan distante de la política exterior que ha caracterizado a Chile”, se lee en el documento.
Bajo este escenario, se espera que el ministro Allamand exponga más detalles de la decisión ante el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Y el viernes se reunirá con el consejo de excancilleres.
“Le solicitamos al ministro que se siente a dialogar con los más jóvenes y escuche nuestras inquietudes. Es nuestro futuro el que está en juego. Queremos que se nos tome en cuenta antes de tomar una decisión tan importante como la de suscribir o no el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe”, pide Sebastián Benfeld.
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