Kara Fox (CNN) — Crecen los temores sobre el destino de Dom Phillips y Bruno Araújo Pereira, quienes han estado desaparecidos en la Amazonía brasileña durante más de una semana, luego del descubrimiento de lo que parecían ser restos humanos y las revelaciones de que la pareja había recibido amenazas de muerte.
Aún no se ha dado una explicación clara sobre su desaparición, pero el presidente brasileño, Jair Bolsonaro , dijo el lunes que creía que habían sido víctimas de “malicia”. El caso ha llamado la atención mundial sobre los peligros que a menudo enfrentan los periodistas y activistas ambientales en Brasil.
Phillips, un periodista veterano que informó extensamente sobre los grupos más marginados de Brasil y sobre la destrucción que los actores criminales están causando en el Amazonas, había viajado con el experto en asuntos indígenas Pereira para investigar los esfuerzos de conservación en el remoto valle de Javari.
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Aunque oficialmente protegido por el gobierno, el salvaje Valle de Javari, al igual que otras tierras indígenas designadas en Brasil, está plagado de minería ilegal, tala, caza y tráfico internacional de drogas, que a menudo traen consigo violencia, ya que los perpetradores se enfrentan con defensores ambientales y activistas de los derechos indígenas.
Fotografía de archivo del Valle de Javari, Amazonas, Brasil del 15 de febrero de 2016.
Entre 2009 y 2019, más de 300 personas fueron asesinadas en Brasil en medio de conflictos por la tierra y los recursos en la Amazonía, según Human Rights Watch (HRW), citando cifras de la Comisión Pastoral de la Tierra, una organización sin fines de lucro afiliada a la Iglesia Católica.
Y en 2020, Global Witness clasificó a Brasil como el cuarto país más peligroso para el activismo ambiental, según los asesinatos documentados de defensores ambientales. Casi las tres cuartas partes de tales ataques en Brasil tuvieron lugar en la región amazónica, dijo.
Los pueblos indígenas en Brasil han sido objeto frecuente de este tipo de ataques, además de sufrir campañas de hostigamiento. A principios de enero, tres defensores ambientales de la misma familia que habían desarrollado un proyecto para repoblar las aguas locales con tortugas bebés fueron encontrados muertos en el estado de Pará, en el norte de Brasil. Una investigación policial está en curso.
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Después de asistir a las conversaciones sobre el clima COP26 en Escocia en noviembre pasado, atacantes desconocidos allanaron la casa de la líder ambiental e indígena Alessandra Korap; otra activista indígena, Txai Suruí, dijo que fue amenazada en línea y en persona después de su discurso en Glasgow.
Un problema de larga data
El atractivo de los valiosos recursos de la selva significa incursiones en tierras indígenas y la violencia contra quienes resisten no es nada nuevo en Brasil. Pero algunos expertos dicen que la retórica y las acciones de Bolsonaro han creado una cultura de impunidad.
A principios de este mes, Bolsonaro firmó un decreto ambiental que establece multas más altas por deforestación, tala ilegal, quema, pesca y caza, y el gobierno dijo que es “un paso importante en la ley ambiental”.
Pero en una serie de acciones desde que asumió el poder en 2019, la administración de Bolsonaro debilitó efectivamente a las agencias ambientales federales, demonizó a las organizaciones que trabajan para preservar la selva tropical y se unió a favor del crecimiento económico en las tierras indígenas, argumentando que es para el bienestar de los propios grupos indígenas.
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Su retórica en particular, con llamados a “desarrollar”, “colonizar” e “integrar” la Amazonía, ha “dado efectivamente luz verde” a las redes criminales involucradas en el comercio ilegal de tala y minería, dijo César Muñoz, un investigadora sénior de las Américas en HRW y experta en defensores ambientales en comunidades indígenas.
Y aunque la administración de Bolsonaro ha desplegado previamente a las fuerzas armadas del país para defender la Amazonía de la tala ilegal y el desmonte, Muñoz dice que la medida en última instancia dejó al personal de la agencia ambiental del país IBAMA, lo que resultó en la pérdida de experiencia ambiental.
IBAMA y la oficina del presidente no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.
Roberto Liebgott, coordinador de la región sur del Consejo Misionero Indígena de Brasil, un grupo de defensa de los derechos de los indígenas afiliado a la Iglesia Católica, señala los prejuicios culturales y los estereotipos en la raíz de la actividad criminal en la Amazonía.
Al menos dos narrativas alimentan la violencia, dijo Liebgott a CNN: “La primera está vinculada a la idea de que los indígenas no están sujetos a derechos como otros humanos, lo que perpetúa la narrativa del ‘salvaje’ y, como tal, puede ser agredido. atacado, expulsado o asesinado”.
La segunda, dijo, “está ligada a la narrativa de que los indígenas no necesitan tierra y que todo está hecho por ellos”.
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También se sabe que la retórica de Bolsonaro promueve tales estereotipos, afirmando en una transmisión de video de 2020 que los indígenas brasileños todavía están “evolucionando”. Ese mismo año, describió un “sueño” de larga data de abrir las reservas indígenas a la minería.
Por el contrario, el informe de Phillips se centró en las amenazas que representan la minería y los ganaderos ilegales para los grupos indígenas no contactados, y destacó los esfuerzos que los indígenas estaban realizando para salvar su medio ambiente.
Es una de las muchas razones por las que su trabajo y el de Pereira son tan cruciales, dice Muñoz, y por las que su desaparición es tan desgarradora.
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