En un paso significativo hacia el compromiso climático, y apaciguando las criticas a su baja donación para el Fondo para Pérdidas y Daños, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) una contribución de $3.000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima (GCF, en sus siglas en inglés).

Este gesto marca el primer compromiso financiero de Washington hacia el GCF desde 2014 y refleja un cambio importante en la política climática de la administración estadounidense.

“Hoy, con orgullo, anuncio un nuevo compromiso de $3.000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, destinado a ayudar a los países en desarrollo a invertir en resiliencia, energías limpias y soluciones basadas en la naturaleza”, declaró Harris en el evento, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático.

El GCF, establecido por la ONU en 2010, juega un papel crucial al canalizar subvenciones y préstamos para proyectos de adaptación y mitigación frente al cambio climático, especialmente en regiones como África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.

Esta contribución estadounidense, si se concreta, superaría la última promesa realizada por la administración de Barack Obama en 2014. Aunque está sujeta a la aprobación del Congreso, este compromiso envía una señal esperanzadora en medio de las tensiones sobre la financiación internacional, un tema central en las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático.

Aunque Estados Unidos se convertiría en el mayor contribuyente absoluto con 6.000 millones de dólares, otras naciones como el Reino Unido, Alemania y Francia lideran proporcionalmente en términos de contribuciones per cápita, según la ONG Natural Resources Defense Council (NRDC).

Cabe destacar que este anuncio llega después de que Estados Unidos descartara inicialmente aumentar su cuota en el GCF a principios de octubre, citando problemas presupuestarios.

La promesa de Harris brinda esperanza a los países en desarrollo, que buscan el respaldo de naciones más ricas para hacer frente a las crecientes consecuencias de eventos climáticos extremos y para facilitar su transición hacia fuentes de energía más limpias.

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