El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, este jueves descartó que el Acuerdo de Escazú sea un asunto de urgencia para el gobierno e incluso aseguró que no es un tema “esencial” frente a la COP25, que se realizará en diciembre próximo en Chile.
La autoridad fue consultada sobre el tema luego de que el presidente Sebastián Piñera se abriera a la posibilidad de respaldar el pacto “con reservas”, tras la polémica que generó que el país se negara a firmarlo pese a que desde 2012 ha liderado la iniciativa, que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Esto debido a que el país ha manifestado sus “dudas” con respecto al artículo 11 del documento, que establece que a los países sin litoral –Bolivia y Paraguay- se les debe prestar consideración y cooperación, y el gobierno considera que ello podría llevar a Chile de nuevo ante la Corte Internacional de Justicia.
En conversación con Radio Cooperativa, Ribera señaló que “podemos equivocarnos en la mirada” pero “tenemos tiempo para analizar cuál es el impacto concreto que Escazú puede tener en protección (del medioambiente) y desarrollo”.
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El ministro explicó que adherir o no al acuerdo “es una decisión presidencial” y que previo a eso “se están haciendo nuevos estudios para ver no sólo el impacto internacional“, e insistió en que “fuera de eso tenemos que tener una mayor sensibilidad de cómo va a impactar Escazú a conciliar la protección del medioambiente con desarrollo“.
Además, sentenció que la firma “no es una pieza esencial o significativa de la COP 25, son otras cosas”.
Por otra parte, este jueves los países de América Latina y el Caribe tienen una ceremonia en la ONU para suscribir o ratificar el tratado de Escazú, a un año de la firma del acuerdo, y en ese contexto, Ribera aseguró que “nadie en Naciones Unidas me ha preguntado sobre Escazú, porque es un pacto regional y no mundial (…) Muchos países participaron en su negociación y solo un grupo menor lo firmó y solo uno lo ha ratificado, Guyana”.
Con respecto a Chile, afirmó que tiene plazo “hasta 2020 para ver si somos parte, pero no es un tema apremiante, que cambie nuestra política exterior ni interior; es un tema de definición política sobre el cual existen dudas de la conveniencia de que Chile se haga parte”.
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