Chile será la sede de la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, entre el 20 y 22 de abril en Santiago.
La cumbre se realizará, luego de años de discusiones entre 33 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya oficina central se localiza en nuestro país. De las naciones, solo podrán participar 12 Estados parte que ya ratificaron el tratado internacional.
En el caso específico de Chile, podrá concurrir como país “observador”, ya que si bien impulsó su creación junto a Costa Rica, con posterioridad nuestro país se restó mediante un anuncio del ex canciller Andrés Allamand en 2020, señalando ciertas “ambigüedades” en algunas normas que “prevalecerían sobre la legislación interna”.
Escazú apunta a reforzar la cooperación entre las naciones y pretende avanzar hacia el acceso oportuno de la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, convirtiéndose en uno de los tratados internacionales más relevantes de derechos humanos del último tiempo. Pero, su adopción definitiva, luego de la firma de adhesión del presidente Gabriel Boric el pasado 18 de marzo, requiere de la aprobación del Congreso Nacional en Chile, por lo que tendrá que pasar por ambas cámaras antes de que se convierta en ley.
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Aunque no es preciso hablar de firma y ratificación para nuestro país, ya que el plazo para ello ya venció, el término correcto es adhesión. “Chile puede perfectamente participar en calidad de observador, así como cualquiera de los 33 países de América Latina y El Caribe“, sostuvo Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público y representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y del Caribe para la firma de Escazú en conversación con Futuro 360.
“Mostraría mucho compromiso político que participe el gobierno, con la diferencia de que Chile no va a tener un voto sobre las decisiones que se adopten en esta conferencia“, agregó.
Por su parte, Sanhueza es parte del grupo que representará al público -entre ellos, Danielle Andrade (Jamaica), Natalia Gómez (Colombia), Andrés Napoli (Argentina), Karetta Crooks (Santa Lucía) y Tomás Severino (México)-, cuya principal función será difundir el tratado internacional, su importancia e incidencia en las negociaciones elaboradas por la ciudadanía.
¿Qué se abordará durante esos días?
Según señala Escazú Ahora, como primera instancia se medirá la voluntad de sus 12 Estados miembros, para avanzar en materias como la participación, la información y la justicia ambiental. Entre los temas más relevantes, están:
- La fiscalización de las acciones que han llevado a cabo los Estados para implementar el tratado
- Definición de las reglas para la composición y funcionamiento del Comité de apoyo a la aplicación
- Establecimiento de las disposiciones financieras del tratado y las reglas de procedimiento de las próximas instancias
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“Es recuperable el tiempo perdido que fueron estos 4 años en dos sentidos: por un lado el liderazgo que tuvo Chile en la negociación de Escazú y avanzar rápidamente para empezar la implementación del convenio en Chile“, explicó Andrea Sanhueza.
Con respecto a los argumentos que insinúan que el tratado puede afectar la soberanía, Sanhueza es enfática en recalcar que no es efectivo, ya que lo que dice Escazú es que “en el caso de haber controversia entre dos Estados, si ambos están de acuerdo en solucionar sus diferencias en la Corte Internacional de Justicia, el país tiene que haber aceptado esa vía”, puntualizó.
El tratado posee 26 artículos que se fundan en la implementación, los derechos de acceso (información ambiental, participación pública y justicia), la protección del derecho de cada persona y de las generaciones venideras y el desarrollo sostenible.
Breve historia de Escazú
El tratado nació luego de la Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, conocida como Río+20, en la que se establecieron una serie de principios. En particular, el número 10 sembró las bases para el pacto regional estableciendo que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”.
Los gobiernos de la región expresaron su compromiso para elaborar e implementar un plan de acción para “avanzar en la adopción de un convenio regional u otro instrumento”. Además, se constituyó un Comité de Negociación y una Mesa Directiva que copresidió Chile.
En América Latina y el Caribe existen diferentes problemas socioambientales y según el Atlas de Justicia Ambiental, se observan 1.029 conflictos ligados a proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, entre otros, que afectan a diversas comunidades de la región.
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Si bien no hay información exacta de cuántas y cuántos defensores ambientales en total están en riesgo en Chile, existen 127 conflictos socioambientales detectados a lo largo del país por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que el tratado representaría una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental, de acuerdo a sus impulsores.
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