Preocupantes reportes han surgido en torno a la aproximación del fenómeno meteorológico de La Niña, el que podría llegar a nuestro país entre junio y agosto, ya que diversos expertos estiman que este nos podría conducir a una sequía tan severa como la que afectó a la zona central -entre las regiones de Valparaíso y Ñuble- en 1924, la cual fue catalogada como “extrema”.
Producto del arribo de este nuevo fenómeno meteorológico, académicos de la Universidad de Talca alertaron sobre una posible disminución significativa en la cantidad de lluvias para este año, y los efectos sobre la agricultura que se concentra en los valles centrales.
Sumado a ello, en marzo recién pasado un informe del Instituto Mundial de los Recursos ya alertaba sobre un escenario de estrés hídrico extremadamente alto en 2040 en Chile, producto tanto del aumento de las temperaturas en regiones críticas, como de los cambiantes patrones de precipitaciones en el país.
Desde hace décadas sabemos de la vulnerabilidad hídrica que enfrenta nuestro país y, en particular, sus regiones centrales; y, sin embargo, es muy poco lo que se ha avanzado en la materia. No se ha logrado concretar regulaciones que entreguen una mayor gobernanza y protección a las cuencas, entendiendo sus diferencias y sus vulnerabilidades; así como tampoco se han materializado normas que protejan con firmeza nuestras más grandes reservas de agua: los glaciares.
Y no sólo no hemos logrado avanzar, sino que, peor aún, parecemos retroceder: cada año se toman decisiones que ponen en riesgo a nuestra naturaleza, a la vez que nos dejan más expuestos a situaciones de estrés hídrico y, derechamente, sequía. Hemos visto cómo diversas administraciones -sin distinguir color político- empeñan nuestros glaciares al mejor postor, muchas veces a cambio de la promesa de inversiones y desarrollo, una oferta que parece no cumplirse para todos.
Un ejemplo de esto es evidenciable en la cuenca del río Maipo, la que concentra cerca de la mitad de toda la cobertura glaciar de los Andes Centrales en Chile. A pesar de ser tan relevantes para la región y sus habitantes, se ha reportado una disminución importante en las extensión de sus glaciares, debido a diversos factores que han posibilitado su derretimiento, entre los que destacan, por cierto, el cambio climático y la actividad industrial y minera en la zona y toda la región.
Sin ir más lejos, en un estudio realizado en 2022 por el investigador Francisco Cereceda, junto a otros científicos, se logró estimar que el impacto de la minería en el glaciar Olivares Alpha, ubicado a, aproximadamente, sólo 7 kilómetros de la operación de Los Bronces, en la Región Metropolitana, podría ser responsable del 82% de su retroceso desde 2004 a 2014, atribuyendo sólo el 18% restante al cambio climático. Esto, comparando el nivel de retroceso del mencionado glaciar con otro de iguales características, pero alejado de faenas mineras.
Contando con esa evidencia, cuesta entender que se continúen aprobando proyectos que ponen en riesgo uno de los recursos más preciados y vitales que tenemos en el planeta. Resulta particularmente desesperanzador que después de años de experiencia en la materia, aún las autoridades crean que es válido hipotecar el futuro de todos los habitantes del país. A este paso, lamentablemente se cumplirá la máxima de esta reflexión: inversión hoy, más sequía para mañana.
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