La futura ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a su próximo rol en Cancillería de cara a los objetivos de sus gestión durante el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, que comenzará de manera oficial el próximo 11 de marzo.
En conversación con La Tercera, Urrejola detalló los principales tópicos que regirán a la nueva administración al llegar a La Moneda: derechos humanos, medio ambiente, estallido social, la crisis migratoria, entre otros temas, son parte de las urgencias principales.
“Voy a seguir las orientaciones que me dé el Presidente, varias de las cuales están en el propio programa de Gobierno. Una es el enfoque de derechos humanos, una política exterior donde tenga una relevancia que no ha tenido por mucho tiempo (…)”, aseguró, junto a la implementación de los tratados y de las recomendaciones de los organismos internacionales.
En ese sentido, en materia medioambiental, la abogada de la Universidad de Chile señaló que otra de sus labores será ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe-conocido como Acuerdo de Escazú– que surgió después de seis años de discusiones entre 24 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Lo primero es darle urgencia a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Obviamente, tengo que entrar en los detalles para ver cuáles son los apoyos que hay, porque uno puede decir que le quiere dar suma urgencia y si no tengo los votos puedo terminar perdiendo, pero a mí me parece que un país con el liderazgo del presidente Boric, con la narrativa que él ha desplegado, (…) no ratificar el Acuerdo de Escazú sería un contrasentido”, dijo al medio de comunicación.
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Nuestro país fue una de las naciones impulsoras en la elaboración del primer tratado que “incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales” y que pretende garantizar el derecho a la información de manera oportuna sobre proyectos que puedan afectar a los territorios.
De hecho, la firma del acuerdo fue uno de los compromisos que adquirió Boric durante su campaña presidencial, lo que fue ratificado en Desafío Tierra, donde el presidente electo aseguró que firmará el Acuerdo de Escazú durante “los primeros 100 días de gobierno”, además de mejorar la institucionalidad ambiental hacia las comunidades y para darle más certezas a los inversionistas. Para el candidato, la visión de cómo enfrentar el cambio climático es uno de los ejes estructurales de su programa y “lo cruza transversalmente en todas sus políticas públicas”.
El acuerdo se erige como un “elemento multilateral” sin precedentes que apunta a reforzar la cooperación entre las naciones y pretende avanzar hacia el acceso oportuno de la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. En América Latina y el Caribe existen diferentes problemas socioambientales comunes que amenazan a los territorios, lo que se ve reflejado en el aumento de los conflictos en la región.
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Sobre la evaluación de la gestión en materia de política exterior, Antonia Urrejola admitió que “Chile perdió un liderazgo que si tenía en materia de política exterior” y es necesario “recuperar esa tradición de lo que fue la política exterior posdictadura, que hizo énfasis en el multilateralismo, en la relación con los países vecinos, en los DD.HH”.
“Un ejemplo de esa pérdida, es la reacción que tuvo el actual gobierno respecto del Acuerdo de Escazú. Además, Chile lideraba el debate respecto de la política migratoria y el pacto global en Marrakech. Tuvimos la oportunidad de ejercer un liderazgo mucho mayor en la COP en materia de cambio ambiental y no lo ejercimos, más allá de todos los problemas de la pandemia”, dijo.
Cabe recordar que el tratado se “abrió a firma” el 27 de septiembre de 2018, sin embargo, por decisión de Cancillería, el gobierno de Piñera decidió “postergar su participación” según la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien explicó que se debían estudiar los mecanismos de “reclamación internacionales” y los alcances de dicho acuerdo. Esta situación provocó una gran controversia en la opinión pública, sobre todo en las organizaciones y ONG existentes en el país.
Sobre nombramiento del subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, y la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) la futura canciller señaló que “sobre este tema de los TLC, nadie ha dicho, ‘sabes qué, nos vamos a sentar a revisar todos los TLC’. Lo que sí se ha dicho es que la inversión extranjera es necesaria en Chile, pero se tiene que adecuar al nuevo modelo de desarrollo, donde el desarrollo sostenible y el comercio justo son fundamentales”
Finalmente se refirió al TPP-11, proyecto que se encuentra en el Senado y explicó que su visión “no es válida aquí” y ese es un tema que “hay que volver a discutir”.
“El presidente ha dicho que él está dispuesto a revisar el TPP-11 y lo ha conversado ya con el primer ministro de Canadá y de Nueva Zelandia. Eso se tiene que revisar con los técnicos, pero también con los socios estratégicos y el Congreso. Es un tema que no es la prioridad, porque estamos también ad portas a lo que va a ser el debate constituyente, pero aún no hay una decisión tomada”, puntualizó.
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