Por 12 votos a favor y una abstención, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (mejor conocido como Acuerdo de Escazú), para establecer la adhesión de Chile a uno de los tratados internacionales más relevantes de derechos humanos y medio ambiente del último tiempo.
Escazú deberá continuar su discusión en la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Ciencias y Tecnología durante la jornada del próximo 4 de mayo.
⭕️ Comisión de Relaciones Exteriores aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. #AcuerdodeEscazú.
Pasa a las comisiones de Medioambiente y Ciencias.
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 3, 2022
Tras la aprobación, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien estuvo presente en la cita, explicó que el pacto “es de gran relevancia para el país y va más allá de un Gobierno de turno”, sin embargo “para el Ejecutivo es muy importante que se ratifique esta adhesión para volver al Foro Internacional”.
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Se espera que la iniciativa esté despachada durante esta semana, mientras que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, comprometió su apoyo para poner el acuerdo en la tabla. “Esta es una política de Estado que pone a Chile en el nivel que se merece esta materia y modernizar nuestra visión (…) respecto de la justicia medioambiental“, sostuvo.
Asimismo, la Canciller explicó que el acuerdo aborda “el acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental y también sobre la necesidad de generar espacios de protección para los defensores y defensoras ambientales”.
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Cabe recordar que su adopción definitiva, luego de la firma de adhesión del presidente Gabriel Boric el pasado 18 de marzo, requiere de la aprobación del Congreso Nacional en Chile, por lo que tendrá que pasar por ambas cámaras antes de que se convierta en ley.
El tratado posee 26 artículos que se fundan en la implementación, los derechos de acceso (información ambiental, participación pública y justicia), la protección de las generaciones venideras y el desarrollo sostenible.
Nuestro país fue una de las naciones impulsoras en la elaboración del tratado, pero con posterioridad nuestro país se restó mediante un anuncio del ex canciller Andrés Allamand en 2020, señalando ciertas “ambigüedades”.
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