El 12 de julio pasado, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, que en 2020 determinó la clausura de Pascua Lama, un proyecto minero de oro y cobre a “rajo abierto” en la zona cordillerana de la Región de Atacama.
La decisión fue tomada por los incumplimientos en medidas urgentes y transitorias de mitigación, por lo que la Tercera Sala del máximo tribunal desestimó la forma y el fondo de dichas apelaciones a las sanciones en contra de la empresa Compañía Minera Nevada, filial en Chile de Barrick Gold.
Esto se tradujo en la ratificación del cierre del proyecto minero en la frontera entre Chile y Argentina, que ha tenido una historia caracterizada por estudios y conflictos con las comunidades de la zona, que por años discutieron el impacto medioambiental que causaría en el valle del Huasco.
Fallo de la Corte Suprema.
Sumado a lo anterior, se descartó que la sentencia incurra en una infracción de ley, confirmando los tres cargos interpuestos por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de la empresa filial de la multinacional canadiense. ¿Pero esta resolución significa el cierre definitivo? ¿Podría reactivarse el proyecto minero?
Para ahondar en este caso, en Futuro 360 conversamos con Sergio Millamán, uno de los abogados defensores de un grupo de habitantes que integran la Asamblea por el Agua del Guasco Alto quien nos dio a conocer su perspectiva frente a los últimos acontecimientos de este proyecto.
“Es un proceso muy largo, parte con los tratados mineros de 1997 en adelante y esta mina tuvo sus Resoluciones de Calificación Ambiental en 2001, luego se modificó en 2006. En 2009 se empezó a verificar una serie de eventos de contaminación, de incumplimientos que empezaron a ser fiscalizados por la superintendencia, autodenunciados por la misma empresa y denunciados por los habitantes de Huasco. Se iniciaron varios procesos sancionatorios”, explicó el abogado.
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La génesis de este fallo
Las actividades de exploración de la zona se inician en 1977, durante la Dictadura Militar. Veinte años después, Chile y Argentina, mediante sus ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem, celebraron el Tratado de Integración y Complementación Minera, para que el proyecto transfronterizo se hiciera realidad.
En 2001, la Compañía Minera Nevada presentó el proyecto minero que fue calificado como favorable por la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), un organismo antecesor del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Luego sufrió una serie de modificaciones que comenzaron en 2006, con cerca de 400 condiciones al proyecto original en dicho año.
Hasta que en 2017, un derrame territorio argentino provocó un gran daño ambiental en la Provincia de San Juan. Según reporta Infobae, se trató de un caño que transportaba una solución de agua con cianuro y varios metales pesados, además de oro y la plata extraídos. Esto habría dio origen a una desconexión de cañería “lo que luego provocó el posterior desacolpe de otras dos cañerías“.
Al año siguiente en nuestro país, la SMA sancionó con la clausura definitiva al proyecto minero Pascua Lama. El procedimiento comprendió un total de 33 cargos (cuatro de ellos absueltos) y una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones de la época, debido a “múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas“.
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En relación a lo anterior, Millamán confirmó que se llevó a cabo un proceso sancionatorio en dicho periodo, donde en ese intertanto “se llevaron nuevos antecedentes, nuevos cargos y todo eso decantó en el año 2018 de la Superintendencia que ordenaba la clausura del proyecto y su máxima sanción”, dijo.
Aunque en marzo de 2019, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo anterior, el 17 de septiembre del año siguiente, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta confirmó el cierre definitivo de Pascua Lama más una multa millonaria.
Por ello, de acuerdo al abogado, lo que ocurrió hace un par de semanas en la Corte Suprema, ratificó la decisión del Tribunal Ambiental que “confirmaba la decisión de la superintendencia de aplicar sanciones en contra del proyecto de Compañía Minera Nevada“.
¿Qué viene ahora?
Según Sergio Millamán, lo único que le corresponde a la empresa hoy es acatar: “la resolución 72 del año 2018 de la SMA. Aplica multas que tienen que pagar, sanciones de clausuras y una serie de medidas para cierre efectivamente no genere más prejuicios”.
De acuerdo al experto, esta situación está siendo supervisada por la SMA, ya que existe un plan de cierre minero que”debe ser supervisado y autorizado por Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagemin)“.
En relación a la conformidad de sus representados, el abogado expresó que más allá de que las comunidades siempre han rechazado el proyecto “obviamente hubiéramos preferido mayores multas o incluso la revocación de la RCA, por un asunto estratégico” sostuvo, pero se logró el cierre de este proyecto minero y por ello “se apoyó la decisión de la SMA en todas las oportunidades”.
“Hay una satisfacción por el cierre, pero se mantienen alertas ante cualquier ingreso de un nuevo proyecto (…). No hay dudas de que está finiquitado, pero la empresa u otra, puede ingresar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental proponiendo una nueva forma de explotar minerales. No nos queda nada mas que estar atentos”, concluyó Millamán.
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