Diez años de litigio tuvieron que pasar para que, tras un fallo de la Corte Suprema, la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso ordenara la demolición del edificio construido sobre las rocas entre Reñaca y Concón, el polémico Punta Piqueros. Según indicó la autoridad, el edificio no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal.
Este es solo un ejemplo de proyectos que nunca debieron construirse en nuestras costas, afectadas por una creciente erosión que, según los últimos datos obtenidos por el Observatorio de la Costa UC, se duplica en playas a lo largo de Chile.
La ausencia de una Ley de Costas que pueda regular los usos que damos a los ecosistemas costeros, ha permitido que este tipo de conflictos se multipliquen. Casos recientes como el Edificio Kandinsky, afectado por un gran socavón en las dunas de Concón -desde donde se ve Punta Piqueros-, o el lujoso edificio de departamentos Rocas de Maitencillo, cuyos permisos de edificación han sido cuestionados y también ha enfrentado una larga batalla legal, son algunos ejemplos.
Esta larga deuda del estado de Chile con su zona costera, que ya lleva 170 años, es una deuda que no solo incide en los ecosistemas agravando los impactos de fenómenos como las marejadas y la erosión costera, sino también afectando la vida de las personas expuestas a las marejadas o tsunamis por habitar en zonas de alto riesgo.
Como Observatorio de la Costa UC hemos impulsado esta discusión logrando incidir en la decisión de actualizar la Política Nacional de Uso del Borde Costero, la cual ha sido insuficiente para evitar conflictos como los que seguimos viendo en el litoral. Hoy se está trabajando en la implementación de una nueva política que considera un enfoque ecosistémico, considerándola como una zona y no como un “borde”.
Sin embargo, todavía no es suficiente y se requiere avanzar hacia una Ley de Costas que garantice el dominio público de la zona costera en aras de su conservación, así como una gestión integrada de los ecosistemas basada en principios científicos, de sustentabilidad y de participación ciudadana.
Cabe señalar que en Chile todavía se insiste con propuestas legales que acentúan los problemas. Es el caso de la propuesta sobre administración del borde costero y concesiones marítimas ingresada en 2012 por el Gobierno de Sebastián Piñera (Boletín 8467-12), que se encuentra su segundo trámite legislativo y busca fomentar la inversión inmobiliaria en las zonas costeras (incluidos ríos y lagos navegables).
Hoy la propia naturaleza se encarga de mostrarnos las consecuencias de insistir con estas formas de ocupación no sustentables. Por ello se requiere de forma urgente que el Estado asuma su rol y reconozca que se trata de un tema de interés nacional, para así poder avanzar hacia una Ley de Costas con participación de la ciudadanía, que permita adaptarnos a fenómenos como el cambio climático y preservar nuestros ecosistemas para futuras generaciones.
Martes / 22:30 / CNN Chile
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