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En una amplia lucha para que la población de Reino Unidos disminuya sus consumos de comida chatarra y mejoren su calidad de vida, el gobierno está barajando la posibilidad de implementar un impuesto sobre el azúcar y la sal.
El informe presentado demostró que la pandemia por COVID-19 sostuvo la “dolorosa realidad” de cómo la población británica aumentó las cantidades de comida chatarra, especialmente de la mano con el e-commerce.
“Nuestra elevada tasa de obesidad ha sido uno de los principales factores de la trágica tasa de mortalidad del Reino Unido. Ahora debemos aprovechar el momento para construir un sistema alimentario mejor para nuestros hijos y nietos”, dijo el empresario Henry Dimbleby.
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Impuesto sobre el azúcar y la sal
El gobierno del primer ministro Boris Johnson, solicitó en 2019 al empresario Henry Dimbleby y su equipo producir un informe en cual se evaluara la Política Alimentaria del Reino Unidos, como así también establecer una serie de estrategias para fomentar la alimentación sana.
En este documento nació la idea de implementar un impuesto al azúcar y la sal, además, las verduras deberán ser monitoreadas por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS)
La revisión de 290 páginas estipula que los impuestos recaudados se utilizarían para ampliar la oferta de comidas escolares gratuitas, como así también, mejorar las dietas de la población con menos ingresos económicos.
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Estos impuestos serían implementados en la venta al por mayor para uso en alimentos procesados, restaurantes y/o negocios de catering.
- 3 libras esterlinas por cada kilo de azúcar (aproximadamente $3.200 pesos chilenos)
- 6 libras esterlinas por cada kilo de sal (aproximadamente $6.400 pesos chilenos)
Con esta nueva Estrategia Alimentaria Nacional se reduciría en un 15 a 38 kcal la cantidad de calorías que consume una persona al día. Así también llegar a recaudar al año unos 3.400 millones de libras esterlinas.
Finalmente, entre las otras recomendaciones que entrega el documento se propone la reducción de un 30% del consumo de carne en un plazo de 10 años, para ayudar también a mitigar los efectos del cambio climático.
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