El 10 de octubre se celebra el día mundial de la salud mental (SM). El lema escogido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este año es “La Salud Mental es un derecho humano” e insisten en que todas las personas tienen derecho a acceder a una atención de salud mental de calidad. Pero en nuestro país sigue sin pasar mucho.
La Ley 21.331 sobre ‘Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental’, promulgada en 2021, establece que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas”. Pero ¿cómo se puede hacer efectiva esta ley si es que el presupuesto destinado a la salud mental es mínimo y la discriminación a la cobertura de estas prestaciones sigue siendo abismante?
Un reciente boletín publicado por el Minsal reporta que el gasto público estimado en salud mental alcanzó los $208 miles de millones en 2021, lo que representa un 1,7% del gasto público total en salud. El documento compara estos números con data internacional, donde Chile está muy por debajo de otros países en su gasto en SM, como Italia (3,4%), Corea del Sur (3,8%), Australia (7,6%), Canadá (10,6%), Reino Unido (10,3%) y Francia (15%), y totalmente fuera de lo sugerido por la Comisión Lancet sobre Salud Mental y Desarrollo Sostenible, que recomienda asignar a SM al menos un 5% en los países de ingresos bajos y medianos y el 10% en los países de ingresos altos.
Se ha anunciado que el presupuesto de salud para el 2024 en nuestro país crecerá en más de 1.200 millones de dólares, o sea un 8,1%. Pero muy poco o nada de este aumento será destinado a salud mental. “Nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental”, fueron las palabras del presidente Boric cuando se encontraba en campaña. Al construir su programa de gobierno sostuvo esa convicción al explicitar la meta de aumentar el presupuesto destinado a salud mental desde un 2% hasta un 6% del presupuesto de salud. Pero ya van dos años de gobierno y seguimos igual.
Hoy no vemos un aumento real en el presupuesto público destinado a salud mental, no conocemos cuáles los programas a los que se les inyectarán nuevos recursos, ni tenemos claridad del plan de trabajo específico en la materia. Pero sí sabemos que persisten las diferencias que implican una menor cobertura efectiva en las prestaciones de SM respecto de las prestaciones de salud física. Sí sabemos que se acentúa día a día la práctica de rechazo y/o reducción de licencias por trastornos mentales, profundizando aún más la brecha respecto a otros grupos diagnósticos. Y sí sabemos que sigue siendo muy difícil poder acceder a un diagnóstico y un tratamiento de salud mental.
Al no existir argumentos técnicos que justifiquen la falta de inversión en salud mental -ya que el costo efectividad de los tratamientos para los principales trastornos de salud mental es tanto o más efectivo que otras enfermedades crónicas-, sabemos que estamos frente al estigma que aún pesa sobre estos problemas de salud y la falta de convicción política para terminar con esta terrible discriminación.
Si la OMS sostiene que “la salud mental es un derecho humano universal” y que “todos tenemos derecho a acceder a un tratamiento de calidad que satisfaga nuestras necesidades y respete nuestros derechos a lo largo de la vida”, podemos afirmar -con tristeza- que como país estamos fallando en garantizar los derechos humanos de nuestra población.
Martes / 22:30 / CNN Chile
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