En una histórica sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la comunidad sorda de Chile expusieron las sistemáticas vulneraciones de derechos que enfrentan las personas sordas en el país sudamericano.
La Fundación en Señas del Instituto de la Sordera (INDESOR), junto con la Misión de Chile ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, fueron convocados a una audiencia pública en Washington DC. El objetivo fue presentar ante abogados de la CIDH las dificultades que enfrentan las personas sordas en los ámbitos educativos y de salud mental.
La exclusión y las barreras de comunicación han sido históricamente obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de las personas sordas en Chile. Marcelo Salamanca, especialista en salud mental e inclusión de INDESOR, destacó la urgencia de abordar estas problemáticas, enfatizando en el impacto negativo que tienen en la vida de las personas sordas y en su entorno.
A pesar de la existencia de la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que garantiza la inclusión educativa de estudiantes sordos, cifras del Ministerio de Educación revelan que la mayoría de los establecimientos no cuentan con intérpretes o educadores que manejen lengua de señas. Esta situación deja a los estudiantes sordos en contextos auditivos, dificultando su desarrollo académico y social.
En cuanto a la salud mental, las cifras son igualmente alarmantes. Entre el 40% y el 50% de niños, niñas y adolescentes sordos enfrentan desafíos emocionales o conductuales, cifra que duplica la prevalencia encontrada en la población oyente. Sin embargo, menos del 10% de la población sorda recibe atención en salud mental, lo que deja a esta comunidad en una situación de alta vulnerabilidad.
La falta de reconocimiento de la lengua de señas como una minoría lingüística y cultural también fue destacada en la audiencia. Se demanda un enfoque intercultural bilingüe en educación que permita a las personas sordas desarrollarse plenamente en su lengua natural desde la primera infancia.
Los representantes de la comunidad sorda solicitaron al Estado chileno acceso a servicios de salud mental culturalmente sensibles y lingüísticamente accesibles, así como la implementación de políticas y legislaciones inclusivas que garanticen la igualdad de acceso a la educación y servicios de salud mental para las personas sordas, reconociendo sus derechos lingüísticos y culturales.
La sesión concluyó con un llamado a abordar estas problemáticas de manera urgente, reconociendo que la no discriminación es una norma básica de la legislación internacional y que la exclusión de las personas sordas tiene repercusiones de larga duración en su vida y desarrollo.
Puedes revisar la Audiencia completa del CIDH en aquí:
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